Por Estefanía Andahur
Ser mujer es caro. Desde el gasto más mínimo en un examen, hasta el control de la capacidad reproductiva implica plata y harta. Pero una de las cosas que todavía no hemos puesto sobre la mesa es el impuesto a los productos de higiene menstrual. Algunxs pensarán que no es de importancia, pero si agregamos este punto a la larga lista de cosas que ya pagamos por ser mujeres y a lo que dejan de pagarnos por la misma razón, sumar el pago de impuestos por la higiene que nos permite reproducir la especie pareciera ser la guinda de la torta y es urgente politizarlo.
¿Cuánto gastamos? La situación en Chile
Hagamos un ejercicio simple. Las mujeres o personas que menstrúan tenemos en promedio 40 años de ciclos menstruales y si calculamos 13 ciclos en el año (el promedio es cada 28 días por lo que se suma un ciclo más) en toda una vida hay un total de 520 ciclos, lo que equivale a 7 años si lo calculáramos de corrido. Si estimamos un gasto mensual promedio de $4.000 en toallas o tampones el gasto anual es de $52.000 y de $2.080.000 en toda una vida (sin proyectar la inflación). Si además consideramos que el ingreso medio de las mujeres en nuestro país corresponde a $474.911, entonces casi el 1% del sueldo de una mujer o persona que menstrúa es destinado solo a productos de higiene menstrual. Mucho ¿no? Solo por tener útero.
Sumemos a esto que la brecha salarial por género es de 27,2% en nuestro país, entonces la conclusión es simple: nos pagan menos y gastamos más.
Según el Censo 2017, Chile tiene una población de 5.597.604 mujeres en edad reproductiva (total entre 10 y 50 años) por lo que el costo anual en productos de higiene menstrual de esa población correspondería a $291.075.408.000 de pesos. Las personas entonces solo por adquirir estos productos “aportan” anualmente al Estado por concepto de IVA la cantidad de $55.304.327.520 CLP o $66.391.750 USD. Las personas que no menstrúan no hacen este aporte, por lo tanto, es inevitable concluir que este impuesto es sexista y castiga a las personas simplemente por la capacidad biológica de reproducirse, de la cual toda la sociedad se beneficia.
Esto devela uno de los tantos problemas que tiene nuestro país tiene con el sistema tributario y particularmente el IVA, que no diferencia su gravamen de acuerdo al producto, sin importar si es de primera necesidad. En el caso de la higiene menstrual es obvio asumir que se trata de productos que no son opcionales, sino de primera necesidad porque son obligatorios y no sustituibles, por lo que el impuesto y la ausencia de una política asociada pareciera fomentar aún más la desigualdad que vivimos al vulnerar el principio de igualdad.
Aunque existen productos de menor costo, como la copita, cuyo uso se ha masificado y es un ahorro de dinero y basura, nadie puede imponerle a una mujer qué es lo mejor o lo más cómodo de usar. Además el uso de determinado producto también depende de la edad; no usamos lo mismo las primeras veces o primeros años de ciclos menstruales que cuando ya llevamos 20 años en lo mismo. Sea cual sea la mejor opción, todas las alternativas deben estar disponibles, de manera accesible, equitativa y a un precio justo simplemente porque alude a justicia social.
Iniciativas en el país y las trabas de nuestra Constitución política
A inicios del 2019 se aprobó un proyecto de acuerdo** en el Senado que tuvo por objetivo entregar gratuitamente estos productos en ciertos espacios públicos como establecimientos educacionales y de salud, y también, en cárceles, albergues y a personas en situación de calle. A fines del mismo año, en la Cámara baja se impulsó un proyecto de resolución similar***, pero a pesar de la aprobación en ambas cámaras, no ha sido suficiente para que el Ejecutivo lo considere.
Aunque es una buena iniciativa, el problema no se soluciona a modo sectorial, porque esta no puede ser una medida dirigida hacia las mujeres que tienen menos únicamente. Se trata de que el Estado reconozca que estos son artículos de primera necesidad y que adquirirlos no sea una carga más. No podemos pagar un impuesto por tener ciertas características biológicas dadas. La distribución gratuita es necesaria, pero además se debe considerar su eliminación o por lo menos una disminución significativa del IVA. Esas son las dos líneas de acción que se han implementado en el mundo, no necesariamente de manera complementaria. En Chile se propone aplicar solo la primera y de manera parcial.
Si bien, la Constitución actual pudo ser una traba en la estrategia legislativa para ser más ambiciosxs con esta demanda, es importante hacer los esfuerzos porque discursivamente es urgente instalar este tema.
Sobre esto, es fundamental señalar que la Constitución permite solo al presidente/a proponer proyectos de ley que comprometen gasto fiscal o modifiquen el sistema tributario (iniciativa exclusiva) ya que tenemos un presidencialismo fuerte. En el primer caso, si hay distribución gratuita (como lo proponen los proyectos) se habla de gasto fiscal y, en el segundo, dado que el IVA en nuestro país no es diferenciado, disminuirlo o eliminarlo requiere una reforma del código tributario, lo que es gatillo seguro de conflictos con los intereses de las empresas porque son productos que circulan en el mercado y que tienen venta segura.
Ninguna reforma tributaria en el mundo es fácil, pero en Chile sabemos que gracias a la Constitución actual (y a veces, a la DC) los intereses de unos pocos prevalecen por sobre la mayoría. Así, se evidencia en nuestra institucionalidad que si al presidente Piñera no le interesa este tema, a pesar de que el Senado y la Cámara baja sí quieran legislar y probablemente aprobar, este tema como tantos otros, no se va a discutir.
En suma, pagar un precio justo o incluso obtener gratuitamente estos productos depende única y exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo. Si no queremos que sea a su voluntad, todos los caminos nos llevan a nuestra Carta Fundamental, porque la cara de Pinochet se asoma hasta en lo que pagamos por un paquete de toallas higiénicas o de tampones.
Queda manifiesto que hasta en lo más mínimo, la Constitución política de nuestro país importa y tenemos que cambiarla. En los próximos meses viviremos procesos políticos decisivos que tienen la potencia de refundar el pacto entre los géneros y es necesario cambiar un impuesto sexista que nos discrimina.
Históricamente se le ha bajado mucho el perfil a todo lo asociado a menstruación, pero la situación desencadenada por la pandemia del Coronavirus parece reivindicar aún más su importancia en el ámbito de la economía domestica. Imaginemos los casos de mujeres que son jefas de hogar y madres a la vez: gastar un monto de $4.000 u $8.000 por ciclo (si se debe comprar productos de higiene para dos personas, por ejemplo) cuando se cuenta con un ingreso mínimo o se atraviesa un periodo de cesantía, es altamente significativo porque con ese monto se puede comprar varios alimentos de la canasta básica.
Experiencias en el mundo
En el año 2016, en una entrevista hecha por Ingrid Nielsen al entonces presidente Obama, le preguntó por qué hasta esa fecha en cuarenta estados de ese país aún se gravaba los productos de higiene menstrual con impuestos de lujo, a lo que respondió “No tengo idea por qué esos estados los consideran ítems de lujo (…) sospecho que es porque los hombres hicieron esas leyes cuando se aprobaron”. No tenía idea, pero los movimientos feministas han tomado este asunto seriamente y actualmente ya son diecisiete los estados que eliminaron el impuesto.
Gracias a las demandas de distintos movimientos feministas se ha logrado disminuir o eliminar el impuesto en distintos países. En nuestra región, Colombia consiguió en el 2017 disminuir el impuesto y en Argentina la discusión ya está en el Congreso.
